El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793, que declarala emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial. Su implementación, sin embargo, está sujeta a que el Congreso defina las partidas presupuestarias necesarias para afrontar las erogaciones.
Como había sido anticipado por distintas fuentes oficiales, finalmente el Gobierno promulgó a través del decreto presidencial 681 la ley 27.793 que declara la emergencia en materia de discapacidad en todo el ámbito nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero su ejecución quedó momentáneamente suspendida hasta tanto el Congreso de la Nación defina de dónde saldrán las partidas presupuestarias para financiar los gastos. Ver Ley 27.793 Ver Decreto 681
En este sentido, el Gobierno le devolvió la pelota a diputados y senadores quienes tendrán que aprobar las respectivas partidas dentro del Presupuesto Nacional. El proyecto para el año fiscal 2026 ya fue enviado por el Ejecutivo para su tratamiento sobre tablas el pasado 15 de septiembre.
A pesar de que con la firma del presidente Milei el Poder Ejecutivo había vetado la ley sancionada en el mes de agosto, el Senado de la Nación, tras la confirmación previa de la Cámara de Diputados, ratificó la sanción con dos tercios de los votos.
Entre sus considerandos, el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial destaca que la implementación de la ley 27793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente $3.019,5 billones, equivalente a 0,35% del Producto Bruto Interno.
Por su parte, estima que la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social demandaría $2,16 billones en 2025, equivalentes al 0,26% del PBI, y $4,7 billones en 2026, un 0,47% del producto.
Además, sostiene que el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a los beneficiarios de pensiones, implicaría una erogación de $574.200 millones este año y $1,23 billones en 2026, mientras que la compensación económica a prestadores representaría otros $278.323 millones.
En contraposición, la Jefatura de Gabinete de Ministros resolvió avanzar en la reasignación de fondos a favor de la ANDIS. La Decisión Administrativa 24/2025 incrementa en $121.363.881.238 el presupuesto de la agencia, financiado con una reducción equivalente a los créditos asignados previamente a obligaciones a cargo del tesoro. Ver Decad 24
La reasignación busca garantizar, desde el 1° de octubre de 2025, la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, uno de los mayores reclamos desde el wing de los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Tal como fue aprobada, la ley busca garantizar y fortalecer la financiación del sistema, asegurar la continuidad de prestaciones y servicios, y regularizar la situación de los prestadores.
Por un lado, dispone el financiamiento para las Pensiones no Contributivas por Discapacidad, y para los prestadores de la Ley 24901. También busca poner en marcha un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias y condonación de intereses, multas y sanciones para los prestadores.
La ley también establece la actualización de aranceles para los servicios de discapacidad. Asimismo, define los requisitos para ser beneficiario de la Pensión no Contributiva por Discapacidad, que incluyen la acreditación del Certificado Único de Discapacidad, CUD, y la condición de no superar los dos salarios mínimos vitales y móviles en ingresos netos individuales.
Además, permite la compatibilidad entre el cobro de la pensión y la tenencia de un empleo formal, siempre y cuando los ingresos no superen el límite establecido. En materia de auditoría, se establece que la Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con el Consejo Federal de Discapacidad, implementará auditorías periódicas a las pensiones no contributivas.
