Las prepagas se quieren subir a la «modalidad laboratorios» a fin de explicar ante el parlamento cuál es la situación que atraviesan. El sector está recurriendo hoy a la justicia a fin de presentar una medida cautelar. Los nuevos tratamientos que ingresan al PMO son uno de los grandes focos de conflicto.

En medio de la segunda ola de la pandemia, la Unión Argentina de Salud salió con los tapones de punta mediante una conferencia de prensa en la que pasó en limpio la crisis de financiamiento que afecta al sistema prepago de saludVer conferencia UAS

En ese ámbito se explicó que desde el año 2012 los incrementos de las cuotas han sido reguladas por el Estado, y esta escala de aumentos no responde a la evolución de los costos. Por eso, de forma reiterada, subrayaron en la conferencia, que la actualización de las cuotas basada en costos, se apoya en el artículo 17 de la ley n° 26.682, lo que no se cumplimenta. Ver ley 26.682

«Los informes técnicos surgidos del propio Gobierno e inclusive Decretos del Poder Ejecutivo, acreditan que la situación técnica de atraso es gigante y la sustentabilidad ha dejado de ser una opción para las organizaciones», señaló la UAS. Y denunciaron que «desde el Congreso de la Nación se siguen incorporando más prestaciones al Programa Médico Obligatorio, sin mencionar en ningún caso el origen del financiamiento para afrontarlo».

En relación a esto se puntualizó que desde la vigencia de la ley y hasta diciembre del 2020 el aumento de las cuotas fue de 1054%. En tanto se indicó que en el mismo período el costo de vida fue del 1450%; el costo de salud determinado por la seguridad social del 1950%; y el costo de los tratamientos de alto precio fue del 3000%.

Pharmabiz realizó un relevamiento propio en el que se listan los principales medicamentos que inclinan la balanza de los costos. El más caro, al momento, es Trikafta, que cuesta $30.1 millones (u$s 300 mil). También se anota Spinraza, que aunque fue bajado del PMO, también incide con su precio de u$s 27 mil, fijado por el Estado en julio del 2020. Ver infografía debajo

Luis Degrossi, presidente de ADEMP, referenció que en el 2020 la inflación general estuvo en el orden del 37%, mientras que las cuotas de las prepagas fueron autorizadas a retocarse tan solo en un 10%. Además, se explicitó, que en términos anualizados, el cálculo se traduce en un 8% de aumento en todo el año. En definitiva, y según lo aseguró Jorge Piva, el director de Medifé, el descalce fue del 27% durante el año pasado. El directivo mencionó que «a esto hay que agregarle lo que corre del 2021 que vamos a cerrar el 30 de junio con un 25% de inflación general. Hasta el momento, nos han autorizado un aumento del 13.5%«.

En relación a los medicamentos de ultra alto costo se dijo que «estos tratamientos catastróficos deberían ser financiados por un fondo de recursos o directamente desde los fondos provenientes del Estado». Y se puso de relieve una reciente medida cautelar que obliga a la Obra Social del Personal Asociado a Asociación Mutual Sancor a pagar un medicamento de u$s 2.5 millones. El mismo es Zolgensma, del laboratorio Novartis.

Ricardo Lilloy, presidente de CEMPRA, afirmó: «estamos ante un doble standard». Argumentó que el Estado refuerza con partidas al sector público y a la seguridad social sindical porque percibe necesidades imperiosas de respaldo financiero. Sin embargo, «el sistema privado está siendo restringido del aporte de sus asociados». Remató: «entramos en un camino de “insolvencia” por este desfasaje entre ingresos y egresos«.

Otro de los temas que rondó toda la conferencia fue el de una potencial estatización del sistema. En el discurso que abrió la reunión, Claudio Belocopitt dijo que «la estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso –en la estatización por derecho– las autoridades elevan un proyecto al Congreso, este se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo».

El empresario adelantó sobre la decisión de presentarse ante la justicia a fin de pedir una medida cautelar urgente que exija a las autoridades correspondientes el cumplimiento de la ley. Además de eso, el sector quiere imitar a los laboratorios que tuvieron que presentarse ante el Parlamento a fin de rendir cuentas sobre los contratos relacionados con la venta de las vacunas anti COVID-19. Las prepagas le pedirán al Congreso de la Nación que, «al igual que procedió con los laboratoriosse nos convoque a los efectos de que podamos explicar la gravedad de la situación y que además se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen por qué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada en medio de una pandemia», subrayó Belocopitt.

La UAS está integrada por 15 entidades que atienden, en su conjunto, al 70% de los personas de la Argentina. Ellas son ACAMI (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas); ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina); ADEMP (Asociación de Entidades de Medicina Privada); ASCLISALUD (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario); CAESO (Cámara Argentina de Empresas de Servicios Odontológicos); CALAB (Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos);  CAPRESS (Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social) y CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnostico y Tratamiento Ambulatorio).

Al mismo tiempo, está conformada por CEMPRA (Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CIMARA (Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina); CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales); FAMSA (Federación Argentina de Mutuales de Salud); FAOSDIR (Federación Argentina de Obras Sociales de Personal de Dirección) y FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria).

Las prepagas van a la justicia. Mirá el informe. #Prepagas #PMO #Congreso #MedidaCautelar #UAS #ClaudioBelocopitt #Informe #Farma #Pharmabiz

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Javier Bartolomeo
Periodista especializado en el seguimiento de acuerdos y convenios. Contador de la UBA con la lupa puesta en la micro.

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