Hoy el gobierno nacional fijó nuevos criterios sobre patentes farmacéuticas y ya surgen las críticas y posturas. La que se definió prontamente fue la cámara CILFA, que manifestó su rechazo a la resolución tripartita emitida hoy y que deroga las directrices de patentabilidad vigentes desde el 2012. Así y todo, la entidad dice que confía en los criterios del INPI, a fin de que conceda el status de patente a las auténticas innovaciones farmacéuticas.
Los laboratorios nacionales nucleados en CILFA salieron a fijar su posición frente a la Resolución Conjunta emitida hoy miércoles por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Ver Boletín Oficial
La cámara explica que desde la entrada en vigor de la protección por patentes de los medicamentos, en octubre de 2000, la industria farmacéutica argentina ha dinamizado la competencia en el mercado, desarticulando monopolios mediante el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuyas patentes vencieron o que, por razones tecnológicas, mantenían un único oferente.
Así describieron que uno de los principales problemas que debe enfrentar la industria farmacéutica argentina para lanzar medicamentos genéricos o biosimilares son las denominadas solicitudes de patentes de evergreening. Se trata de patentes que protegen innovaciones menores relativas a medicamentos ya conocidos, pero que no aportan efectos terapéuticos ni ningún otro valor, salvo preservar monopolios y obstaculizar durante años el lanzamiento de medicamentos competidores.
Desde CILFA subrayan que existen decenas de medicamentos genéricos y biosimilares de origen argentino tales como los emblemáticos como rituximab, bevacizumab, sofosbuvir, filgrastim y adalimumab, entre otros. Explican que algunos de ellos llevan más de 10 años en el mercado y registran participaciones superiores al 90%, e incluso cercanas al 100%. Más recientemente, también resaltan que se destacan, por su impacto en el acceso, las versiones genéricas o biosimilares de medicamentos.
Y en esa lista incluyen al pembrolizumab, cuya marca comercial es Keytruda y pertenece a la norteamericana MSD, y tiene una versión nacional que se sitúa un 60,30% más barata. También surge la semaglutida, que la danesa Novo Nordisk comercializa bajo Ozempic y Wegovy, y que tiene una alternativa argentina un 63,50% más económica. Otra comparativa que se menciona es la del medicamento basado en nusinersen, cuya marca comercial es Spinraza y pertenece a la norteamericana Biogen. El mismo tiene una versión nacional un 45% más barata. Y por último, listan a la triple terapia Trikafta indicada para fibrosis quística, y que tiene una alternativa un 87,90% más barata.
Agregan que los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas FIEL en u$s 2.214 M anuales, a precios de septiembre de 2024.
Y si a esa suma se agregan los ahorros generados por nuevos lanzamientos o por moléculas no incluidas en el estudio de FIEL, el ahorro puede estimarse en el orden de los u$s 3.321 M para el año 2025. Esto implica no solo mayores ahorros para los gobiernos nacional, provinciales y municipales, así como para las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, sino también una expansión de la cobertura a más pacientes, gracias a la posibilidad de los financiadores de tratar a más personas con menos recursos, se remarca.
En paralelo, CILFA afirma reconocer y valorar la decisión del Gobierno argentino de excluir la protección de los datos de prueba y la extensión del plazo de las patentes del “Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos” suscripto entre la República Argentina y los Estados Unidos, temas que forman parte de la matriz standard de las negociaciones comerciales de ese país. Explican que estas exclusiones contribuyen sustancialmente a mantener un ecosistema farmacéutico procompetitivo.
Así, la derogación de las Pautas de Patentabilidad no derogan los principios científicos ni los antecedentes jurisprudenciales argentinos y de los propios Estados Unidos que las sustentaban. Indican que tal como reconoce la nueva Resolución Conjunta, el INPI deberá analizar las solicitudes de patentes caso por caso, verificando el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 24.481 por el Congreso.
Por eso rematan afirmando que la institución confía en la idoneidad y la capacidad técnica del INPI, hoy al mando de Carlos Gallo, para que continúe realizando el análisis de patentabilidad de manera rigurosa y sobre bases científicas. El punto principal de CILFA aquí es que el INPI deber conceder el status de patente a auténticas innovaciones farmacéuticas y corresponde rechace las patentes de evergreening.
Por último subrayan que la cuestión trasciende el interés privado de las empresas que CILFA representa. Esta decisión va mucho más allá, ya que afecta el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos.
Y en línea con esto indican que resulta imprescindible mantener una política pública clara y sólida que preserve la competencia en el mercado farmacéutico, de modo que los pacientes y el sistema de salud puedan acceder a medicamentos genéricos y biosimilares a menor precio, sin dilaciones artificiales e indebidas de años.
