El Gobierno Nacional promulgó la Ley Nicolás, inspirada en un joven que murió en 2017 por mala praxis, y que fuera sancionada por el Congreso el pasado 18 de septiembre. La iniciativa, que busca asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, es de aplicación obligatoria para todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas.
A través del decreto 725, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nicolás, que establece un marco normativo con el fin de asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, con enfoque centrado en evitar diagnósticos errados y mala praxis. Ver Ley 27.977 // Ver Decreto 725.
La nueva norma complementa la ley 26.529 de Derechos del Paciente y la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Su aplicación es obligatoria para todas las instituciones de servicios de salud, tanto públicas como privadas, que operen en el país. Ver Ley 26.529 // Ver Ley 27.275
«La presente ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud», señala el artículo 1° de la ley.
La norma obliga a las instituciones a diseñar e implementar procedimientos para la identificación y análisis de riesgos con el fin de disminuir la incidencia de daños prevenibles. En este sentido, concibe a la seguridad del paciente como una disciplina orientada a la prevención y reducción de daños prevenibles asociados a la atención sanitaria.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela, RUDEC, que deberá incluir todo suceso que causa muerte, daño permanente o temporal derivado de la atención sanitaria y los resultados de su investigación. Las instituciones de salud estarán obligadas a reportar estos eventos y garantizar la confidencialidad de la información.
Por otro lado, los establecimientos médicos deberán establecer protocolos de actuación para la prevención de daños evitables, implementar procesos estandarizados de atención, incluyendo vigilancia y control de infecciones, y diseñar planes de auditoría y programas de autoevaluación para la certificación de calidad.
En simultáneo, la norma establece la obligatoriedad de verificar periódica la aptitud profesional de todo integrante del equipo de salud para garantizar equidad y calidad. Esta verificación se debe vincular a las competencias específicas y puede incorporar mecanismos de simulación para destrezas técnicas.
Además, la ley también establece que, si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, su ámbito de aplicación abarcará a todo el país. Además, el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas y obligatorias en calidad, seguridad de la atención y legislación vigente.
Está previsto que la ley entre en vigencia dentro de los 180 días posteriores a su publicación, previa reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. La Ley está inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 tras un diagnóstico erróneo.
