Agencia ANEFiTS: debate en el Congreso

En una reunión celebrada ayer en el seno de la Cámara de Diputados, la Comisión de Acción Social y de Salud Pública, se debatieron los fundamentos en pos de crear una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias.

En ese marco, el titular de la Comisión, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, explicó que existen cinco proyectos sobre el tema. Y en función de que el gobierno anunció que emitiría un decreto para crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias bautizada ANFEFiTs dijo que resultaba oportuno colaborar y proponer al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones a partir de los proyectos de ley.

En función de esto los que tomaron la palabra fueron principalmente los autores de las iniciativas de ley. Así el diputado Daniel Gollan de Unión Por la Patria y ex Ministro de Salud de la Nación, a la vez que ex sub interventor de la ANMAT dijo que la agencia u organismo que fuera creado no está pensado para restringir derechos. Está por el contrario, pensado en el marco de un paquete de medidas que lo acompañen, para garantizar el acceso a los medicamentos. En ese sentido reflexionó cuál es la traba para el acceso. Y dijo que la traba principal es el precio. Por eso, remarcó que hace rato ya no denomina a esos medicamentos como de alto costo sino de alto precio.

Luego Gollan se refirió a otra de las aristas claves que hacen a esta agencia y es el momento en que debe intervenir la ANMAT. Dijo que si la ANMAT confirma que un medicamento es de calidad, seguro y eficaz ya no se puede volver atrás, y que el criterio de eficacia debería ser compartido. Mencionó a su vez, que países como Gran Bretaña se sientan con la industria farmacéutica y dicen a este precio, no. Entonces los precios bajan, porque las compañías quieren venderle al Estado. Asimismo, el diputado aludió al aspecto del rol vinculante de la agencia a crear. En línea con esto expresó que el nuevo organismo debería ser la opinión de referencia de la justicia. No sería de carácter vinculante, pero sería la mejor información calificada que el juez debería consultar.

En tanto, el diputado Martín Maquieyra del PRO, y autor de otra iniciativa, hizo hincapié en un punto que les parece central para esta agencia y es que sea imparcial. Y en consonancia, otro punto central es el de generar perfiles técnicos y con prestigio. Por eso, subrayó la importancia de que haya concursos. Y se refirió a otra cuestión clave: y es el hecho de que un organismo técnico pueda dictaminar si un medicamento, tratamiento o tecnología sanitaria deba entrar o no en el PMO. Y en este punto se diferenció del proyecto defendido por Gollan y dijo que cree que la ANMAT tiene que primero garantizar la seguridad y la eficacia de un medicamento. Pero que este nuevo organismo tiene que poder argumentar y dictaminar sobre la efectividad que un medicamento pueda tener y comparado con otro tratamiento.

Posteriormente, la que tomó la palabra fue Mónica Fein, de Encuentro Federal. La autora de otro proyecto sobre la temática reclamó un pedido de informes sobre la creación de la ANEFiTS, que el gobierno adelantó generaría por decreto. Y sobre la misma dijo que se desconoce si contempla la equidad del acceso, si funcionará bajo un régimen de autarquía funcional administrativa, si va a tener cumplimiento obligatorio para todos los organismos del sector público y de la seguridad social, etc.

En tanto, la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica coincidió en que le parece preocupante que el foco de la discusión esté puesto en el financiamiento.  Dijo que hay que priorizar que la evidencia sea científica y conforme a standards internacionales. Más tarde se refirió al proyecto defendido por el diputado Gollan y remarcó que coincide con el hecho de que la ANMAT debiera ser concurrente en esta agencia, a la vez que resulta muy preocupante el hecho de cómo va a ser conformada la nueva agencia según el decreto que se adelantó.

Luego de esta intervención, el presidente de la Comisión se refirió a la amplísima gama de expertos, instituciones y sociedades médicas invitadas. Y dentro de este marco mencionó en especial a la CONETEC, la agencia que se constituye en el germen de esta nueva iniciativa. Dijo que la entidad elaboró el año pasado cerca de 80 informes, aunque fueron publicados tan solo 20 por el Poder Ejecutivo.

El primero de los disertantes externos que tomó la palabra fue David Aruachan, ex gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social. El experto hizo hincapié en la reforma necesaria que debe hacerse sobre el sistema de salud como por ejemplo respecto de la reformulación del PMO, y las estructuras de financiamiento, entre otras.

A posteriori, Rubén Torres, del Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud IPEGSA, trajo a colación que en el año 2014, la Argentina apoyó una resolución de la OPS que planteaba la necesidad de crear una agencia de este tipo en todos los países miembros de la organización. A su vez, respecto de la creación de la agencia en sí afirmó coincidir con la diputada Campagnoli respecto de que la financiación no resulta el tema central, sino que es el hecho de garantizar que llegue al conjunto de los argentinos, el producto de mayor calidad y de mayor eficiencia que la industria pueda producir. A su vez, el experto trajo a la mesa, un tema que rondó de forma permanente todas las conversaciones y es la realidad de que la ANMAT está creada por decreto y debería ser creada por ley. Además de coincidir con este criterio dijo que la ANMAT resulta el ejemplo perfecto de lo que debe ser una agencia. Subrayó que aunque la misma fue creada por decreto, hoy se constituye en un faro para la región. Pero recalcó que esto lleva tiempo.

En tanto, Andrés Pichon-Riviere, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, IECS, se refirió al punto de cómo serán elegidos los representantes de la nueva agencia y cuál será el proceso de toma de decisiones. Señaló asimismo que en Latinoamérica hay hoy 40 agencias de evaluación en 21 países y que muchas tienen más de 15 años. De modo que hay mucho para aprender, ya que en algunos casos se han creado grandes estructuras pero con ningún poder de decisión. A su vez, mencionó que el ejemplo en contrario es Brasil. Aclaró que en dicho país hay una ley que dice que el Estado no puede incorporar un nuevo medicamento sino cuenta con un informe que fundamente su costo efectividad, su impacto presupuestario, etc.

A continuación, Miguel Galmés, presidente de la Asociación Médica Argentina, aseveró que está claro que la salud es cada vez más cara, en función de que cada vez hay más tecnología, hay más desarrollos. Y es de esperar que siga creciendo. De modo que si los costos cada vez son mayores, la salud va a estar desfinanciada. Es así dijo, que si vamos a participar en la discusión de la creación de una agencia debe estar contemplado también cómo va a ser el recurso de financiación.

Marisa Aizenberg, directora del Observatorio Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, indicó que el tema en debate se vincula de manera directa al aumento de la judicialización en materia de medicamentos de alto precio. A su vez indicó que, en ciertas ocasiones, es la única forma en que muchas personas pueden acceder a un medicamento. Y en ese marco enumeró algunos puntos de impacto jurídico. Y uno de ellos es el hecho de que las decisiones sean vinculantes. Y también habló de la asimetría existente entre los gobiernos y la industria farmacéutica. Por último, se refirió a los obstáculos burocráticos, es decir a la articulación de la agencia con el poder judicial y en ese marco hizo alusión a la cantidad de causas que hoy se tramitan en todos los fueros y jurisdicciones de nuestro país. En este sentido, remarcó que no hay recursos humanos ni recursos técnicos pensados para eso.

Hugo Magonza de la UAS, afirmó que nadie de los presentes tiene alguna duda sobre que la agencia debe existir. El también director general del CEMIC subrayó que la agencia es una herramienta constitutiva de un plan nacional de salud y enfatizó que no es un elemento que por sí solo pueda resolver todos los problemas. Por último se refirió a que sería deseable que exista un modelo de financiamiento apoyado en un fondo nacional de recursos en pos de garantizar a todos los argentinos que puedan acceder a los mismos medicamentos que el Estado definió que son los necesarios para atender a la población.

Florencia Braga Menendez, de la Alianza Argentina de Pacientes, resaltó el excelente trabajo de la ANMAT, aunque puntualizó que todavía estamos lentos para recibir nuevas tecnologías que podrían estar salvando vidas. En ese marco alentó a que no se pongan más impedimentos para que lleguen nuevas tecnologías, sino que se revisen los precios. La experta calificó al proyecto de decreto de la ANEFiTS como «una porquería«, ya que lo que determine la agencia no puede ser de carácter vinculante; tampoco puede nacer por vía de un decreto, y no pueden ser sus recomendaciones previas a la ANMAT etc. A su vez, Braga Menendez con gran firmeza espetó que todo esto no puede ser construido desde el lugar del odio a los laboratorios y que entiende que Gollan no se los banque, pero que las terapias génicas van a salvar gente.

A posteriori, Luis Camera de la Sociedad Argentina de Medicina puntualizó que el tema de salud y dinero van juntos, aunque resulten frases incómodas. Aportó asimismo otra perspectiva super interesante y es el hecho de que estamos en una transición demográfica que llevará a que en el 2060 la Argentina alcance su mayor pico de población y sume en consecuencia mucha gente de edad, lo que a su vez sumará una carga de discapacidad muy grande. Por esta razón indicó que corresponde hacer una tremenda reformulación teniendo en cuenta esta tendencia. La gente quiere vivir más, quiere vivir mejor, y todo esto va a impactar en los sistemas de salud. En simultáneo, enfatizó que habrá que hacerle entender a la población que va a tener que empezar a poner «un pesito» en salud.

Natalia Messina de ISALUD dijo que una agencia de estas características tiene que «nacer bien«. Puntualizó que para que una agencia como la que se debate sea respetada tiene que nacer desde el consenso. La ex funcionaria pública indicó asimismo que se ocupó de leer el quinteto de proyectos y sobre eso resaltó que hay varios puntos en discusión y uno de ellos es el alcance. Se preguntó en voz alta si sus recomendaciones serán dirigidas al sub sector público, si serán para que las provincias o los ministerios de salud adhieran. Y a la vez se preguntó qué pasará con las obras sociales y prepagas; cuestionó en simultáneo si estas decisiones serán vinculantes y reflexionó sobre el hecho de que deben ser orientadoras para el sistema judicial. Por último, Messina se refirió al tema precios y dijo que el precio de los medicamentos hay que discutirlo, sin lugar a dudas.

Luis Scervino, de la Obra Social de Obras Sanitarias, fue al grano y a la reunión la consideró un «gran dejavù» ya que recordó que una década atrás presentó un proyecto tendiente a crear una agencia de evaluación sanitaria. Subrayó que «la agencia no nos va a resolver nada». Y esto lo fundamentó en que antes que nada lo que corresponde es actualizar el PMO ya que el mismo «está totalmente vetusto«. Y que esta es la única forma de terminar con la judicialización. El segundo tema que trajo a colación es que en una Argentina con un contexto de 50% de pobres ponerse a discutir la aprobación de una nueva tecnología tiene una eficacia marginal y no mueve en absoluto la aguja.

Carlos Escobar Herrán, de la CAEME, dijo que se valora la creación de una agencia de tecnologías sanitarias, para fortalecer así las capacidades del sistema de salud. Subrayó que se necesita que se puedan tomar decisiones informadas basadas en criterios objetivos. Remarcó la importancia de que el registro continúe siendo independiente y una competencia exclusiva de la ANMAT. Si fuera al revés se estaría obstaculizando el ingreso de la innovación farmacéutica al país, aseveró.

Victoria Del Castillo, de la CADIEM coincidió en que la agencia no debe ser vinculante y también volvió a traer al ruedo el rol de la ANMAT, que en función de que vela por la eficacia y la seguridad de los medicamentos debe estar antes. También dijo que apoyarían que fuera por ley. Y a su vez, como representante de las empresas de tecnología médica pidió que si se evalúan las metodologías, las mismas no deben ser las mismas que se aplican para los medicamentos.

Además expusieron Luciana Peñaloza, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes; María Alejandra Iglesias, de UNIDOS X EL CANCER; y Alexis Descourvieres, de la Alianza Argentina de Pacientes.

En el cierre de la reunión, el presidente de la Comisión de Salud, fue taxativo y dijo que considera un error que la agencia salga por la vía del decreto. Y que si el Poder Ejecutivo considera que salga mediante una ley, envíe el proyecto a la comisión a fin de discutirlo y poder aportar perspectivas para poder aprobarlo en el corto plazo.