La UIA, en la que CILFA es una pata relevante, firmó un acuerdo con la Secretaría de Industria para combatir la venta ilegal. El acuerdo se focaliza en el comercio electrónico y crea una instancia de trabajo permanente para mejorar la detección de prácticas ilegales y la articulación con los organismos de control.
El comercio ilegal representa una problemática para las empresas que operan en el comercio minorista. En ese marco, la UIA y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa firmaron un convenio marco de colaboración para combatir el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y las demás formas de comercio ilegítimo.
Por la UIA firmó su presidente, Martín Rappallini, y por la Secretaría lo hizo el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. La entidad industrial enumeró una serie de propuestas para frenar con este flagelo.
Entre ellas, la UIA plantea una única mesa público-privada que reúna a Comercio, Defensa del Consumidor, ARCA-Aduana, Seguridad y Justicia, con plan de acción, metas y plazos. Propone también llegar al origen del problema, con una fiscalización que vaya más allá del punto de venta y el “paquete”, y que alcance a mayoristas, centros de distribución y logística. Y plantea controles sistémicos y tecnología en controles de comercio y en frontera, como perfiles de riesgo e inteligencia artificial contra la subfacturación, escáneres y trazabilidad de la mercadería, para facilitar al que cumple y controlar según el riesgo.
La entidad también habla del monitoreo sistémico de la subfacturación de importaciones, lo que implica también establecer algún mecanismo en Aduana de valores de referencia. La UIA también sugiere que existan las mismas reglas para el comercio electrónico que para el físico, con datos anticipados de envíos, plataformas solidarias para la visualización de la información de vendedores y controles contra el fraccionamiento y la subfacturación.
A su vez, otra de las propuestas tiene que ver con la revisión de los límites y condiciones vigentes del sistema de courier y los envíos postales, en línea con las tendencias internacionales, así como también revisar los criterios para la mercadería decomisada, para que no vuelva al mercado y compita de forma desleal. Por último, se habla de difundir operativos y sanciones, campañas de difusión y concientización.
Este convenio se firma en simultáneo con el que la Secretaría refrendó con las principales empresas líderes de plataformas digitales, marketplaces y sus cámaras de representación, como forma de articular las acciones derivadas para mejorar los mecanismos de información y fiscalización. Además, habilita convenios específicos con los organismos de control: ARCA y la Dirección General de Aduanas, la Autoridad Nacional de la Competencia, el INPI, SENASA, ANMAT y las fuerzas de seguridad federales.
Según el comunicado de la UIA, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal estimada en u$s 2.300 millones al año. Según la III Encuesta UIA, seis de cada 10 empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, y cuatro de cada 10 sufren la competencia ilegal en la venta electrónica de productos a través de plataformas, redes sociales y marketplaces.
