CILFA emitió un comunicado en el que puso la lupa sobre los «impuestos distorsivos». Según la entidad, la industria farmacéutica Argentina rechaza enfáticamente la aplicación del impuesto denominado «Tributo Económico Municipal» por parte del municipio de San Miguel de Tucumán, y advirtió sobre su posible impacto en los costos.
La carga tributaria en la Argentina siempre está en el centro de la escena, y ahora CILFA volvió a poner el foco sobre esta problemática, después de que se aplicara un «Tributo Económico Municipal» por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Según la entidad, este tributo pretende ser aplicado a compañías que no tienen presencia física en el Municipio, y por el mero hecho de ejercer allí actividad económica. Esta cuestión surge en paralelo al tarifazo para las empresas que deben realizar trámites ante la ANMAT, con aumentos muy por encima de la inflación oficial. Ver Aranceles ANMAT
«Esta insólita pretensión recaudatoria de la Municipalidad de Tucumán impacta directamente sobre los precios de los medicamentos en esa jurisdicción«, suma el documento. En ese sentido, desde CILFA se insistió a las autoridades a revisar la medida a efectos de no generar mayores costos a la población de Tucumán en el acceso a los medicamentos.
El centro del conflicto es el Tributo Económico Municipal (TEM), un gravamen que puede alcanzar a empresas que comercializan sus productos dentro de la ciudad incluso cuando no tienen allí una oficina, un local o un establecimiento físico. Por eso, desde la industria farmacéutica rechazan el cobro y sostienen que se trata de un impuesto que se superpone con otras cargas tributarias. Pero además plantean una advertencia que lleva la discusión directamente al bolsillo de los tucumanos: si aumenta el costo que deben afrontar los laboratorios para vender sus productos en la ciudad, ¿puede terminar trasladándose al precio de los medicamentos?
CILFA explicó que el TEM funciona como un «impuesto sobre los ingresos brutos municipal» que grava directamente las ventas; por lo tanto, se trata de un impuesto análogo al IVA, gravemente violatorio de la ley 23.548 de coparticipación federal. Se aclaró que la autonomía municipal está sujeta y limitada por la ley 23.548, como lo establece claramente la propia Constitución de Tucumán. Por lo cual, se subrayó que el TEM también avasalla la propia Constitución provincial.
Por su parte, desde la entidad resaltaron que este debate excede al sector farmacéutico, ya que la discusión de fondo es hasta dónde llega la autonomía de los municipios para cobrar tributos, qué ocurre cuando una empresa desarrolla actividad económica en una ciudad pero no está radicada allí y cuáles son los límites que establece la legislación. Además, Tucumán ya registra antecedentes judiciales alrededor de este tipo de gravámenes, lo que abre un escenario de posibles nuevos reclamos y disputas entre empresas y municipios.
