El organismo regulador dispuso que los titulares de establecimientos y también los DTs deberán acreditar la inexistencia de antecedentes penales para la correspondiente habilitación y designación. El objetivo principal de la medida es mitigar el lavado de activos y prevenir delitos vinculados a la salud pública.

ANMAT incorporó nuevos requisitos aplicables a los procedimientos de habilitación de establecimientos y a las designaciones de directores y co-directores técnicos. Esto a través de la Disposición 4550 que lleva la firma de su titular, Luis Fontana. Ver Boletín Oficial

La nueva normativa establece la obligación de presentar un certificado, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, que acredite la inexistencia de antecedentes penales para los directores y codirectores técnicos, así como también para los integrantes de los órganos de administración de las personas jurídicas intervinientes y sus beneficiarios finales.

Esta última figura se refiere, según la Ley Nº 25.246, a aquellas personas que, en última instancia, controlan una empresa, incluso si actúan detrás de otras personas o sociedades interpuestas. Ver Comunicado de Prensa

La medida tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control sobre los sujetos que intervienen en las actividades vinculadas con la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización y depósito de medicamentos y demás productos alcanzados por la normativa sanitariapromoviendo una mayor transparencia y robusteciendo la trazabilidad en el sistema regulatorio, destacó la agencia sanitaria nacional.

Por otro lado, el nuevo marco dispone también que para los procedimientos de habilitación de establecimientos deberá presentarse una declaración jurada que acredite el origen lícito de los fondos destinados a la inversión, ya sea para su instalación, modificación o ampliación.

Según el organismo, la incorporación de estos requisitos contribuye a fortalecer la integridad del sistema sanitario, reforzando la trazabilidad de las actividades reguladas y consolidando acciones de prevención del lavado de activos y del financiamiento de actividades ilícitas.

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