Ante la andanada de amparos de salud que se acumulan en la Justicia, el Gobierno creó un procedimiento de mediación prejudicial. Operará como una vía optativa, más rápida y menos costosa de resolver conflictos vinculados al acceso a prestaciones. Funcionará bajo el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Mariano Cúneo Libarona.
Las trabas que imponen las prepagas y obras sociales para garantizar prestaciones a sus afiliados y el consiguiente crecimiento vertiginoso de la presentación de amparos judiciales que, según datos de la Superintendencia de Salud, se quintuplicaron en el 2024, llevó al Gobierno a crear a través de un decreto presidencial un nuevo procedimiento en pos de agilizar la resolución de litigios vinculados a la salud. Ver Boletín Oficial.
Así, le dio forma al PROMESA, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, que funcionará como una vía optativa, rápida y menos costosa para resolver conflictos vinculados al acceso a prestaciones de salud sin necesidad de ir a un juicio. Ver Comunicado de Prensa.
Según datos de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Registro Nacional de Juicios de Amparos en Salud contra Obras Sociales registra un total de 7.602 acciones judiciales promovidas durante el año 2024, mientras que en lo que va del año 2025 ya se computan 768.
Se indicó que el Registro Nacional de Juicios de Amparos en Salud contra Entidades de Medicina Prepaga contabilizó 2.470 juicios en el año 2024 y en el transcurso del año ya van 70 juicios, totalizando 10.910 procesos judiciales. Por otro lado, se registra un total 110 juicios de amparos que se encuentran en pleno trámite en el período comprendido entre el 2024 y el curso del presente año, tratándose muchas de esas acciones de reclamos por enfermedades crónicas, en las cuales el costo se incrementa con el transcurso del tiempo.
El nuevo procedimiento funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y entrará en vigencia en 60 días. Su implementación será de carácter optativo para la persona que desee presentar un reclamo y la información compartida durante el procedimiento no podrá ser divulgada ni utilizada fuera de ese ámbito.
De esta manera, se busca garantizar un espacio seguro para la negociación a la vez que evitar que la información se use en un futuro litigio judicial. Por otro lado, el procedimiento establece plazos breves, entre 5 y 7 días, para las actuaciones del mediador y para la realización de las audiencias a fin de asegurar una resolución oportuna, explicó el Ministerio de Salud.
La participación de las partes en las audiencias de mediación requerirá de patrocinio o representación letrada. En ese sentido, se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no cuenten con recursos suficientes. Los mediadores serán designados por sorteo y deberán haber realizado una capacitación obligatoria para garantizar su idoneidad. Para ello se instrumentará una colaboración activa entre los ministerios de Justicia y de Salud de la Nación con el fin de realizar los Programas de Capacitación y el Examen de Idoneidad.
El Ministerio de Salud de la Nación ejercerá un rol fundamental en la capacitación que deberán realizar los mediadores que intervengan en el procedimiento. En el proceso de mediación, la cartera sanitaria nacional sólo intervendrá cuando sea convocada por las partes y en los casos que lo amerite. Su intervención tendrá como objetivo ayudar a que las partes alcancen un acuerdo satisfactorio, se explicó en un comunicado.
El marco legal del PROMESA contempla también la modificación del Registro Nacional de Mediación existente para incorporar a los mediadores especializados en salud dentro de su estructura. Estará dividido en el Registro de Mediadores, el Registro de Centros de Mediación, el Registro de Profesionales Asistentes y el Registro de Entidades Formadoras la autorización, habilitación y control sobre el desempeño de los mediadores.
En paralelo, el Gobierno Nacional convocó a las jurisdicciones a que imiten esta medida y creen procedimientos similares para que la resolución de conflictos en materia de salud pueda implementarse en todo el territorio nacional de forma ágil, dinámica y eficiente. Se explicó que se apunta a que esta iniciativa contribuya a descongestionar el sistema judicial y a garantizar a los ciudadanos el acceso más oportuno y efectivo a las prestaciones sanitarias.
Muy buena info !!