La Superintendencia de Servicios de Salud simplificó los procesos de gestión de denuncias, faltas formales y sanciones contra agentes de salud y empresas de medicina prepaga con el objetivo de brindar una respuesta más ágil y efectiva a los usuarios. De esta manera, busca que los reclamos relacionados se resuelvan más rápido.

El Gobierno sigue dando pasos en pos de reducir el peso de la burocracia y los trámites engorrosos que los ciudadanos tienen que enfrentar en su relación con distintas áreas de la administración pública. Ahora fue la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la que aprobó un nuevo procedimiento para gestionar denuncias, faltas formales y sanciones, con el objetivo de brindar una respuesta más ágil, transparente y eficaz a los beneficiarios del sistema. Ver Comunicado de Prensa.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 951/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial. Con este nuevo esquema, se simplifican los procesos administrativos, se reducen los plazos y se fortalece la capacidad de fiscalización del organismo. Ver Boletín Oficial

A partir de ahora, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán responder los requerimientos del organismo que preside Gabriel Oriolo en un plazo máximo de cinco días corridos invirtiéndose la carga de la prueba. Además, las denuncias deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación, cuando antes podían tardar hasta dos años.

El procedimiento unifica las notificaciones en una única intimación, agilizando los trámites sin afectar el derecho de defensa. También, a partir de la actualización del régimen sancionatorio impulsada el año pasado, ahora las multas irán de 5 a 100 módulos (cada uno equivalente al haber mínimo jubilatorio) y se implementará un Ranking Público de Cumplimiento, para que los beneficiarios puedan conocer el desempeño de cada entidad. Ver anexo 1. Ver anexo 2. Ver anexo 3. Ver anexo 4.

Para casos de incumplimientos graves las sanciones alcanzan hasta la cancelación del registro. Incluso, aunque estas sanciones estén así previstas, la Superintendencia podrá tomar otras medidas urgentes en casos en que existan sospechas de graves irregularidades o deficiencias en la gestión, para así garantizar la continuidad de las prestaciones y el adecuado funcionamiento de la entidad.

Este nuevo marco reemplaza normativas desactualizadas y burocráticas, y representa un avance concreto en la misión central del organismo: garantizar los derechos de los beneficiarios y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades de salud.

La iniciativa publicada en el Boletín Oficial se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación y forma parte del compromiso del Gobierno Nacional con una gestión más eficiente y transparente que le brinde soluciones concretas al ciudadano, explicó el comunicado.

Entre los considerandos de la resolución, la SSS destacó que el procedimiento anterior no logró cumplir con los principios fundamentales de celeridad, accesibilidad y eficiencia, lo que ocasionó demoras significativas y un retraso en la resolución de las situaciones planteadas por los beneficiarios/usuarios, afectando la garantía de sus derechos y el acceso oportuno a la justicia administrativa.

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