La pandemia generó un coletazo en la economía global, pero algunas industrias se vieron beneficiadas, como la de farma y la de insumos médicos. Según un artículo de La Nación, la Argentina tuvo a China como el principal proveedor para abastecerse durante la emergencia.

Desde la llegada del coronavirus a la Argentina el Estado ha buscado proveedores en todo el mundo para adquirir equipamiento médico e insumos sanitarios. En La Nación, Iván Ruiz Delfina Arambillet realizaron un informe para deshilvanar una por una las empresas chinas que se vieron beneficiadas por las compras del gobierno. Ver artículo La Nación.

Según el artículo, las razones para entender por qué los barbijos quirúrgicos, los guantes y las cofias chinas pueden encontrarse en cualquier hospital del conurbano son la alta capacidad productiva, los precios competitivos y, sobre todo, la disponibilidad para entregar cuando la Argentina atravesaba el momento de mayor incertidumbre ante la pandemia. Por eso, explica La Nación, a pesar de las quejas sobre la calidad de algunos productos, China se convirtió en el principal proveedor del país durante la crisis sanitaria.

A pesar de los cuestionamientos en todo el mundo sobre la calidad de los productos, los insumos chinos fueron los preferidos por el Estado argentino gracias a su alta capacidad productiva, los precios competitivos y, sobre todo, la disponibilidad para entregar, explica La Nación.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas que despegaron rumbo a Shanghai trajeron al país los más básicos e indispensables insumos para contener el coronavirus. El Estado destinó, tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, un total de u$s 12 millones en estas transacciones a empresas chinas, según lo declaró el Ministerio de Salud, ante un pedido de información pública realizado por el medio de la familia Mitre.

El informe pone de relieve que las adquisiciones a compañías chinas ya se ubican entre los gastos más altos que hizo el Estado para equipar el sistema público de salud. Más de la mitad de lo desembolsado fue para Sinopharm, que vendió más de tres millones de barbijos quirúrgicos (u$s 0,54 por unidad) y 300 mil overoles de protección médica hidrorepelente (u$s 22 cada uno). En total, las compras para la firma superaron los u$s 8.2 millones, de acuerdo a lo publicado.

El Estado invirtió otros u$s 2.3 millones en barbijos quirúrgicos y del tipo N95, más overoles de protección, antiparras y guantes de látex a la empresa china Shenzen SED Industry. Esta contratación directa se hizo con fondos de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, según los datos oficiales. Otras empresas proveedoras chinas fueron Shanghai All Foreign Trading (u$s 600 mil); INTCO (u$s 400 mil) y Bestluck Enterprise Limited (u$s 238 mil).

En el Ministerio de Salud confiaron a La Nación que las transacciones a China continuarán con la misma metodología realizada hasta el momento. Tanto el Estado Nacional como las provincias ejecutarán las contrataciones y, mientras los vuelos comerciales estén restringidos, los aviones chárter de Aerolíneas Argentinas serán los encargados del flete hasta Ezeiza.

Los vuelos

A esos u$s 12 millones que ya desembolsó el Gobierno en estos primeros 32 vuelos que se realizaron a China hay que sumarle otros gastos, correspondientes a los costos operativos de Aerolíneas Argentinas. «El valor por servicio asciende a u$s 500 mil. Estas operaciones llevan un total de 55 horas aproximadamente y otras seis horas más de trabajo en el aeropuerto de Shanghai para la estiba de los materiales médicos. Las tripulaciones de estos vuelos están compuestas por 17 personas entre pilotos, técnicos aeronáuticos, despachantes y personal operativo», detalló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su informe ante el Senado.

Estas primeras compras de la Argentina a China mostraron, además, la dispersión de precios entre artículos iguales. Un ejemplo pueden ser los barbijos, cuyo mismo producto fue adquirido a tres empresas distintas con diferentes importes. Incluso, en algunas ocasiones, a valores más altos de lo que el propio Estado pagó a proveedores locales.

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